Hacia una ordenanza que regule el anual sainete de los palcos

Francisco C. Aleu. Finalizada la Semana Santa de 2010, y a vueltas entonces con el asunto de los palcos, la alcaldesa de la muy noble y leal presentó un plan de ajuste económico que, entre otras cosas, incluía recortes e incluso la supresión de gastos que no resultaran de extrema necesidad para el mantenimiento de los servicios básicos. En Curtidores tomaron buena nota de la indirecta y pidieron presupuesto a un par de empresas para saber qué supondría asumir el coste del montaje de los palcos. Pasaron los meses, nadie volvió a poner el asunto sobre la mesa y los presupuestos se quedaron en el cajón de un despacho cualquiera.

El lunes pasado, Infraestructuras iniciaba el montaje de la tribuna de la plaza del Arenal, setenta días antes del Domingo de Ramos y en base a un plan diseñado con el supuesto objetivo de abaratar los costes de la operación. Apenas unas horas después se reunía con los comerciantes de Acoje y Asunico para que alguien pudiera trasladar la queja formal al respecto de la precipitación en el montaje de los palcos. Curioso que la reunión no se celebrara antes del inicio de los trabajos. Y más curioso todavía que se invitara a la misma a Asunico, un colectivo que el Ayuntamiento tiene vetado prácticamente desde su constitución y del que no suele atender ninguna reivindicación.

Tras el encuentro se anunciaba la retirada de las estructuras de la vía pública, aplazándose el inicio de los trabajos al próximo 1 de marzo. ¿Significa eso que las tareas comenzaron el lunes pasado por capricho o que el Ayuntamiento asume ahora el pago de las horas extraordinarias que hagan posible la finalización de los trabajos en tiempo y forma? ¿Cuándo se faltó a la verdad? ¿Antes o después?

En una guerra en la que todo el mundo dispara, se echa en falta un posicionamiento claro y rotundo de las cofradías, que a este paso terminarán teniendo la culpa de la huelga de los autobuses urbanos y de la crisis que azota al comercio tradicional en invierno y en verano.

Al Ayuntamiento le ha faltado el coraje necesario para instar al Consejo a asumir el montaje de los palcos. Quizás por la proximidad de las municipales y quizás, también, porque una postura de fuerza previa a la Semana Santa pudiera resultar contradictoria con las ofrendas florales institucionales que de aquí a nada coparán la parrilla de Onda Jerez Televisión.

Las cofradías no están sometidas a intereses electoralistas. Quiero entender que el Consejo tampoco. Hora es ya de que sea la Unión de Hermandades quien ponga sobre la mesa el coraje que a otros les falta y demande, gobierne quien gobierne a partir del 22 de mayo, la firma de un convenio que regule el asunto de los palcos. Se antoja imprescindible que un documento oficial plasme los compromisos de unos y otros, para que de este modo se acabe con la sensación de que las cofradías se encuentran a merced de una dádiva municipal.

En no pocos estratos de la sociedad existe la percepción de que el Ayuntamiento debe quedarse al margen del sostenimiento económico de la Semana Santa porque se trata de un evento que los cofrades organizan para sí mismos. Se obvia, y esto es grave en tiempos de recesión económica, que la Semana Santa es una fiesta declarada oficialmente de Interés Turístico Nacional, un privilegio que en Jerez sólo disfruta la Feria del Caballo.

Por tanto, esa potencialidad obliga al Ayuntamiento, e incluso a la industria turística, a contribuir a su máximo esplendor, en el convencimiento de que cualquier inversión que se realice puede ser rentabilizada desde el punto de vista económico. Nadie entendería que el Consistorio dejara el parque González Hontoria en manos de los caseteros para que ellos se ocuparan del montaje de la Feria del Caballo, porque entonces lo que hoy es una fiesta de Interés Turístico mañana podría terminar convirtiéndose en una verbena de pueblo.

Bien al contrario, el Ayuntamiento y los actores de la fiesta tratan de encontrar un punto de encuentro que posteriormente se traduzca en una ordenanza reguladora.

Teniendo en cuenta que la Semana Santa posee similar rango al de la Feria del Caballo, hora es ya de que políticos y cofradías trabajen en la elaboración de un documento que regule su organización.

En Sevilla, hacia donde algunos han mirado estos días aunque con un ojo tapado, gobiernan PSOE e IU. El Ayuntamiento cede la vía pública y el Consejo asume el montaje de la Carrera Oficial. Eso sí, el acceso a esas calles es patrimonio exclusivo de los abonados de las sillas. Ahora, quizá por aquello de las elecciones, el Gobierno local ha ofrecido a las cofradías la posibilidad de instalar sillas no sólo en la Carrera Oficial, sino también en el entorno de los templos para presenciar las salidas y recogidas. Los beneficios se destinan a la obra social de las hermandades, que tienen derecho a explotar las sillas.

No sé si quienes han defendido el modelo sevillano conocían o no la letra pequeña del convenio que esgrimen. Quizás en Jerez no sea necesario llegar a tales extremos. Lo que sí parece claro es que las cofradías tienen la obligación moral de zanjar este absurdo debate asumiendo el coste del montaje de los palcos, pero exigiendo a la vez contraprestaciones por responsabilizarse en exclusiva de la organización de una fiesta de Interés Turístico Nacional. Los cofrades sí tienen coraje, para eso, y para mucho más.